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Se redujo el número de niños quemados

Como un hecho sin precedentes fue calificada por la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Karen Abudinen Abuchaibe, la disminución en un 23% del número de niños y adolescentes lesionados por la manipulación de pólvora (297 casos), al comparar la cifra con los datos registrados en los últimos cinco años donde el promedio fue de 390 casos.


“Esta reducción es fruto del esfuerzo de los 15.000 colaboradores del ICBF, quienes fuimos portavoces de nuestra campaña Fiesta sin Pólvora. En las calles, en los barrios, en los centros comerciales, en las terminales de transporte de todo el país, sensibilizamos a padres de familia y cuidadores sobre los peligros que representa la pólvora para la integridad de nuestra niñez. Llamado al que también se sumaron los medios de comunicación, autoridades departamentales y municipales, que hicieron eco de nuestro sentir y nos apoyaron en nuestra tarea de tener alejados a los niños de la pólvora”, dijo Abudinen Abuchaibe.

Para la Directora del ICBF, “si bien es cierto que entre el primero de diciembre de 2017 y el 11 de enero de este año, se registraron 87 casos menos de niños y adolescentes quemados que en el periodo anterior, hoy 297 familias de los niños lesionados enfrentan situaciones difíciles porque sus hijos vieron en riesgo su vida e interrumpidos sus sueños”.

De los 297 niños y adolescentes lesionados con pólvora, el ICBF conoció todos los casos y ha venido adelantado las acciones pertinentes, iniciando por la asistencia y orientación a las familias, y continuará haciendo el seguimiento respectivo. De manera particular, a través de los Defensores de Familia, el Instituto interpuso 29 denuncias penales (9 en Valle del Cauca, 6 en Caldas, 4 en Norte de Santander, 3 en Córdoba, 2 en Antioquia y una en cada uno de los departamentos de Meta, Magdalena, Cesar, Atlántico y Cauca).

Así mismo, el ICBF abrió 89 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD), acciones que llevaron a los Defensores de Familia a dictar medida de protección para 8 niños y adolescentes, 4 de los cuales se encuentran reubicados en instituciones, 2 con su familia extensa, 1 en hogar sustituto y 1 con medida de intervención de apoyo. Adicionalmente, se impusieron 117 amonestaciones a padres de familia. Estas cifras resultan superiores a lo registrado, por ejemplo, en 2015 cuando el ICBF impuso 4 amonestaciones y abrió 22 PARD, o en 2016 cuando se impusieron 22 amonestaciones y se abrieron 90 PARD.

Frente al tipo de lesiones, la Directora General del ICBF lamentó que, de los 297 casos, el 73% presentó quemaduras, el 14% laceraciones, el 5% amputaciones (13 casos), el 4% trauma ocular, el 3% intoxicación y el 1% trauma auditivo. “Para mí un solo niño lesionado representa dolor y tristeza y mucho más la muerte de uno de ellos, como ocurrió en el departamento del Magdalena por la intoxicación por pólvora de una niña de 4 años”, agregó Abudinen Abuchaibe.

Estas lesiones fueron producidas por la manipulación de artefactos como: totes (28%), voladores (17%), mechas (15%), taco, tronantes, martillo y similares (13%), luces de bengala (6%), triquitraques (4%) y volcanes (4%).

La Directora General aprovechó la presentación de su informe final de niños, niñas y adolescentes quemados con pólvora para felicitar a las autoridades de los departamentos de Amazonas, Casanare, Chocó, Guainía, Guaviare, San Andrés, Vaupés y Vichada donde no hubo menores de edad lesionados con pólvora.

De igual forma, Abudinen Abuchaibe destacó a las autoridades, padres de familia y cuidadores de los niños en los departamentos donde se registraron disminuciones considerables de lesionados con pólvora frente al periodo de vigilancia epidemiológica anterior como: Quindío (92%), Meta (75%), Risaralda (62%), Magdalena (59%), Santander (50%), Huila (50%), Córdoba (33%), Nariño (41%), Tolima (36%), Cesar (27%), Bogotá (27%) y Antioquia (23%). Así mismo, se registró decrecimiento en el número de niños quemados en Putumayo (17%), Valle del Cauca (14%), Sucre (13%), Caldas (11%), Norte de Santander (9%) y Cundinamarca (8%).

También hizo un llamado a los pobladores y gobernantes de Arauca y Caquetá para que intensifiquen las campañas que mantengan alejados a los niños de la pólvora, ya que en el periodo 2016-2017 no habían registrado casos y durante el periodo 2017-2018 reportaron 2 y 5 casos, respectivamente. En el mismo sentido, se refirió a las autoridades en aquellos departamentos donde se incrementó la cifra de menores de edad lesionados con pólvora:  La Guajira con 71% (12 casos), Bolívar con 38% (11 casos) y Atlántico con 50% (6 casos).

“La disminución del 23% en el número de casos de niños quemados con pólvora nos llena de esperanza de cara a las próximas festividades decembrinas. El ICBF, como garante de los derechos de los niños, redoblará esfuerzos en los próximos años para que la pólvora no haga parte de las celebraciones y registremos cero menores de edad lesionados”, sostuvo Abudinen Abuchaibe.

“En este nuevo año seguiré trabajando y sensibilizando a los adultos para que cumplan su papel de protectores y cuidadores de los menores de edad. Desde el ICBF seguiremos trabajando sin descanso por cuidarlos, protegerlos y amarlos. Los niños son primero”, puntualizó.

Huila redujo en 50% la cifra de niños quemados

Durante el último periodo de vigilancia epidemiológica en materia de pólvora, el departamento de Huila registró una disminución significativa en el número de niños, niñas y adolescentes lesionados al pasar de 10 a 5 casos, lo que representó una caída del 50%.

Vale la pena destacar que se adelantaron 3 Procesos Administrativos para restablecer los derechos del niño y se impusieron 2 amonestaciones a los padres de familia o cuidadores.

Desde el ICBF lamentamos que se hayan presentado 5 quemaduras de primer y segundo grado en niños y adolescentes afectados por la manipulación de la pólvora.

Según el reporte consolidado desde la Regional Huila del ICBF, el 80% de las lesiones fue ocasionado por totes y 20% por voladores.

Niño desaparecido en Garzón bajo protección del ICBF

Luego de activar una búsqueda a nivel nacional el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y con el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia, encontró sano y salvo al niño de 11 años de edad que se había reportado como desaparecido el fin de semana pasado en el municipio de Garzón, Huila.


La Directora General del ICBF Karen Abudinen Abuchaibe, resaltó el trabajo articulado de los estamentos que permitió dar con el paradero del niño, a quien se le abrió inmediatamente un proceso administrativo de restablecimiento de derechos.

“Luego de activar nuestros mecanismos de búsqueda en todo el país, podemos celebrar que el niño de 11 años quien había desaparecido desde el fin de semana pasado en Garzón (Huila), hoy se encuentra bajo nuestra protección en un hogar sustituto en Florencia (Caquetá)”, sostuvo la Directora General del ICBF, Karen Abudinen.

La Directora General resaltó que desde el primer momento que el niño quedó bajo protección se adelantó la valoración psicológica y se verificó su estado de salud, así mismo, señaló que la entidad acompaña a los padres del niño quienes se encuentran en el municipio de Garzon, Huila.

“En este momento tenemos un equipo del ICBF acompañando a la familia del niño en zona rural del municipio de Garzón y adelantando la verificación complementaria de los derechos de los demás hermanos del niño, además, estamos estableciendo las causas su desaparición”, dijo Abudinen Abuchaibe.

Finalmente, la Directora del ICBF hizo un llamado a los padres a proteger y cuidar a todos los niños.

Minagricultura lanza estrategia Colombia vende

Gracias al programa de Formalización de Tierras que adelanta la Agencia de Tierras con el apoyo de USAID y OIM se entregaron 153 escrituras a igual número de familias que ahora son formalmente propietarios.


Con este programa, el Gobierno le brinda seguridad jurídica a los campesinos que trabajan sus predios pero que no tienen una escritura que los acredite como dueños.  Tolima presenta un porcentaje de informalidad rural del 56% (de 181.934 predios rurales 102.581 no tienen escritura).

Restitución de tierras

La Unidad de Restitución de Tierras, entrega a 14 familias del municipio de Ataco, 231 hectáreas de tierra. De igual manera, entregará un cheque simbólico por valor de 350 millones de pesos, como subsidio para la implementación de proyectos productivos.

Gracias al proceso de restitución de tierras muchos campesinos, hicieron posible su retorno en el departamento del Tolima con un proyecto productivo sostenible y exitoso. Este es el caso de 16 beneficiarios que culminaron todas las fases de la implementación de sus proyectos. Por lo anterior, la URT les otorga la graduación en proyectos productivos.

Primera piedra de planta de secado de café para el sur del Tolima

Con el objeto de fortalecer el sector productivo de la zona del Sur del Tolima, en el marco de una alianza público privada con la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima (CAFISUR), el Ministro Zuluaga puso la primera piedra de una planta regional de secado de café en el municipio de Chaparral, que beneficiará a cerca de 24.000. Caficultores ubicados en los municipios de Ataco, Chaparra, Ortega, Planadas, Rioblanco y San Antonio.

Con la puesta en marcha de la planta, y gracias a CAFISUR se busca regular el precio del café húmedo en el Sur del Tolima. Gracias a este proyecto se proyecta la compra de café húmedo para la obtención de pergamino.

Para la ejecución de este proyecto, la Cooperativa aportará el terreno y la construcción de la planta, lo cual representa recursos por $18.000.000.000; la Agencia de Desarrollo Rural, cofinanciarán $2.100 millones,  los cuales se destinaran para equipamiento; en contrapartida, Cafisur aportará $334.542.320, para un valor total de $ 2.434.542.320.

Contraloría General ve con preocupación descapitalización del FNA

La Contraloría General de la República estimó que el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2018, aprobado por el legislativo con la propuesta del Gobierno Nacional de descapitalizar el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) en $500 mil millones, podría ir en contravía de la Constitución y específicamente de su artículo 48, que expresa textualmente que:


“No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella”.

El Fondo Nacional del Ahorro está legalmente  constituido como una entidad de seguridad social y, por esto mismo, sus recursos tienen una destinación específica.

Así lo establece el parágrafo del artículo 4º de la Ley 432 de 1998, cuando expresa que “por ser el Fondo Nacional de Ahorro una entidad de seguridad social, no se podrán destinar ni utilizar sus recursos, utilidades y rendimientos o excedentes financieros para fines distintos a su objeto y funciones”, recordó la Contraloría.

Recursos del Fondo no pueden destinarse a otros fines

“Si el legislador dejó expreso el destino que deben tener los recursos del Fondo, lo hizo precisamente porque los recursos de la seguridad social en Colombia tienen rango constitucional”, argumentó el organismo de control.

Es la propia Carta Magna la que prohíbe que los recursos del sistema sean utilizados a otro tipo de actividades, pues de otra manera se pondría en riesgo el derecho fundamental de la seguridad social, agregó.

“Contrario a lo incluido en el proyecto de Ley de Presupuesto, la Ley 432 de 1998 no considera que los recursos del Fondo puedan destinarse a otros fines, aún en el evento en que no se afectan las cesantías y los ahorros de los afiliados, pues no se trata de una norma potestativa en la cual el operador tenga la libertad de valorar los efectos de su decisión. Por el contrario, se trata de una prohibición categórica que no admite interpretación”, subrayó.

No hay razón para desatender una orden constitucional

“Adicionalmente, si bien los indicadores financieros del Fondo Nacional del Ahorro se encuentran en niveles óptimos o superiores a los exigidos por las autoridades de regulación, y probablemente la descapitalización no los afecte significativamente, nada permite suponer que esto sea razón suficiente para desatender la orden constitucional”, concluye el análisis de la CGR sobre el tema.

La propuesta de descapitalización del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), sin afectar las cesantías y los ahorros de los afiliados, fue incluida, como un artículo nuevo (Art. 104), en el primer debate al Proyecto de Presupuesto 2018 que realizaron las Comisiones Económicas Conjuntas por $400 mil millones.

ICBF formaliza más de 3700 cargos

El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, firmó hoy el decreto que permite al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar formalizar más de 3.700 cargos provisionales e incorporarlos a la planta global de la Entidad.


La Directora General del ICBF, Karen Abudinen Abuchaibe, agradeció el compromiso del primer mandatario con la misión del Instituto y aseguró que esta decisión permitirá atender con más eficiencia y dedicación a los 2.9 millones de beneficiarios de la Entidad en las 33 regionales y 209 centros zonales del país, sin generar costos adicionales en la administración.

Parte de este gran avance para el ICBF y sus funcionarios, tanto en la sede nacional como en la regionales, es el impacto sobre los procesos administrativos, ya que habrá mayor celeridad en las acciones para el restablecimiento de derechos, garantizando una gestión más efectiva y la continuidad de todos los trámites y atención de los niños, niñas y adolescentes para su bienestar y el de sus familias.

Con este proceso de formalización, el ICBF podrá ampliar su capacidad para atender a las familias más vulnerables de Colombia, y contar con un grupo de trabajo con mayor estabilidad. De esta manera, serán fortalecidos los equipos de las Defensorías de Familia, con más de 2.800 cargos para servidores públicos, así como las áreas administrativas y misionales con 479 profesionales. La planta global del Instituto pasará de 5.127 a 8.864 empleados vinculados directamente.

La Directora agradeció también el respaldo del Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y de la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Liliana Caballero, por las diferentes gestiones adelantadas para otorgar la viabilidad técnica y financiera, reafirmando que esta decisión permitirá mejorar la cobertura, la oportunidad y la calidad de todos los servicios del Instituto.

“Una vez más queda demostrando que el presidente de la República, Juan Manuel Santos y todo el Gobierno Nacional están comprometidos con la protección, el desarrollo y la garantía de los derechos de nuestras familias”, señaló Karen Abudinen Abuchaibe.

Importantes inversiones en OCAD definió el presidente

La firma del programa se protocolizó por parte del director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía, y del gobernador de Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez.


“Con este plan va a renacer este departamento, que ha sido tan golpeado por el conflicto”, dijo el Primer Mandatario.

“En este contrato paz se priorizan inversiones, se coordinan acciones de Gobierno, del departamento y de los municipios, se articula también las fuentes de financiación para reducir la pobreza y priorizar a los más necesitados”, indicó el Jefe del Estado.

De los $1,4 billones, $750.000 millones provienen de la Nación, para inclusión social, acceso a servicios básicos, bibliotecas, escenarios deportivos, vivienda, competitividad, agricultura, cultivos agro forestales, transporte, mejoramiento de la seguridad, de la capacidad institucional de ordenamiento territorial y el uso sostenible de los recursos naturales.

“Las líneas son: inclusión social y acceso a servicios básicos para la construcción de paz, con una inversión de $815 mil millones; inclusión productiva y cierre de brechas de infraestructura de transporte para la competitividad, con recursos por $491 mil millones; y, el fortalecimiento de la capacidad institucional, ordenamiento territorial y uso sostenible del capital natural con $110 mil millones”, dijo el Director del DNP.

Proyectos emblemáticos:

Sector transporte: mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huellas en los municipios de Florencia, Belén de Los Andaquíes, San José del Fragua y Albania, por $12.465 millones, de los cuales el DNP aporta $10 mil millones. Esta iniciativa beneficiará a más de 208 mil habitantes y contempla la construcción de 9,9 kms de placa huella en zonas rurales.

Sector de minas y energía: construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica en 64 veredas de los municipios de Puerto Rico, San José del Fragua y Solano, por $19.805 millones. Este proyecto permitirá que 1.149 nuevos usuarios de áreas rurales del sistema no interconectado puedan contar con energías alternativas.

Sector agricultura: fortalecimiento de la red de frío en los municipios de Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, Milán, La Montañita, Puerto Rico, Solano, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, por $14.585 millones. Obra que beneficiará directamente a 5.336 productores rurales y a 90 microempresas productoras y comercializadoras de leche y queso de la región.

“El Contrato Paz Caquetá se implementará desde el 2017 hasta el 2021 y dicha inversión de $1,4 billones tendrá recursos de la Nación por $784.004 millones (52,7%), del departamento y los municipios de Caquetá por $498.669 millones (35,2%) y del sector privado por $171.046 millones (12,1%)”, enfatizó el Director del DNP.

Y concluyó que para el Gobierno Nacional es un compromiso apalancar el desarrollo de las regiones, convirtiéndolas en sectores productivos que reduzcan los índices de pobreza, el cierre de brechas y fortaleciendo el ordenamiento en los territorios para que sean más competitivos y tener un mejor país.

Los Contratos Plan

Los Contratos Plan se crearon como un instrumento institucional dirigido a impulsar el desarrollo territorial y mejorar la priorización de acciones y la concurrencia de esfuerzos y fuentes de financiación entre la nación y los gobiernos territoriales.

Su marco jurídico e institucional se encuentra definido en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para todos y en la Ley 1454 de 2011, como herramienta de buen gobierno y de gobernanza multinivel.

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